Después de un mes sin tener noticias de cuántos soldados menores de edad combatían el narcoterrorismo en el VRAE aparece un dato que desmentiría las primeras versiones de Ántero Flores-Áraoz, aduciendo que el soldado menor edad muerto era sólo una excepción.
El ministro afirmó que la mayor parte de estos casos, que son "menos de 500, pero no llegan a 1,000" eran del Ejército de Tierra, estaban desplegados en zonas selváticas de la provincia de Pucallpa, que calificó de "medio riesgo", y no realizaban tareas antiterroristas.
Ahora retira a los que carecían de documentos ¿A qué se refiere el ministro con indocumentados? ¿A soldados que, siendo mayores de edad, perdieron sus documentos y ahora son retirados? Claro que no. Obviamente era menores de edad que habían sido enlistados en el ejército en las conocidas batidas. La República recoge el dato de la prueba.
El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, dijo el martes a Efe que el propio presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Francisco Contreras, le había asegurado que habían desmovilizado a 1.000 menores y acabado definitivamente con este fenómeno.
Obviamente, el ministro de Defensa no podría aceptar ante cámaras que casi 1000 soldados eran menores de edad ni que 120 familias habían denunciado ante la Defensoría del Pueblo que sus hijos habían sidos llevados a la fuerza. Pero el número es alarmante. Cuántos soldados quedarán que ya han crecido y no son retirados porque son mayores de edad.
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