Tal como informamos hace unas semanas, Doe Run atraviesa problemas financieros y más allá de no haber cumplido con las normas ambientales, se encuentra a punto del colapso pues al llamado del gobierno para que cumpla los compromisos asumidos para el salvataje financiero, ahora las empresas mineras del centro, proveedoras de DRP, amenazaron con embargar los bienes de esta empresa y así recuperar algunas deudas que mantiene con ellas.

José Miguel Morales, representante de la Minera Buenaventura, una de las proveedoras y acreedoras de DRP, advirtió lo siguiente:

La paciencia tiene un límite. Fuimos más allá de lo que cualquier acreedor estaría dispuesto a hacer. Les ofrecimos revivir la empresa, pero no quieren cumplir; entonces tendremos que ir al Poder Judicial para embargar sobre las deudas que mantiene con nosotros.

Por su lado, el Estado, en la voz del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Jorge Villasante, volvió a ratificarle su apoyo a Doe Run al establecer al posibilidad de extenderle el PAMA(Programa de Adecuación Ambiental) si Doe Run cumple con los requerimientos:

Lo primero que el gobierno exige a esta empresa es que cumpla sus compromisos. Una vez que capitalice las deudas y ofrezca las garantías para el PAMA, atenderemos en lo razonable y en lo que sea posible una extensión del PAMA

Doe Run Perú tiene comprometido con el Estado ejecutar US$ 73 millones de inversiones para completar su plan de Limpieza ambiental. El plazo vence en octubre. Según la firma ya invirtió US$ 307 millones. Dato curioso si tomamos en cuenta la índice de enfermedades de los pobladores víctimas de la contaminación.

Otro aspecto es la pérdida del empleo, según cifras serían despedidos 3,500 trabajadores directos y 16,000 trabajadores indirectos. Lo triste de esto es la relación que ha surgido entre la empresa minera y el trabajador, una relación de dependencia y aceptación pese a las fatales consecuencias de la contaminación. Así estamos.